Fuente: El Heraldo.hn
12/10/2011
– Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería lograron este miércoles un acuerdo con los productores de arroz, para la distribución de las 12 mil toneladas de arroz granza importado de las cuales siete ya se encuentran en Puerto Cortés, el principal puerto de Honduras y Centroamérica.

El minsitro Jacobo Regalado dijo esta tarde que la importación del grano “físicamente no se puede parar, porque ya incluso ingresó al país“, pero ahora corresponde “una distribución para que pueda ser adjudicado” a los 23 molinos existentes en Honduras, en lugar de los tres a los que estaban destinados.

Según Regalado, son siete mil las toneladas de arroz que se encuentran en las bodegas de la Empresa Nacional Portuaria en Cortés, al norte de Honduras.

El objetivo, indicó el funcionario, es lograr que los números cuadren con los convenios suscritos anteriormente, para que en el balance, “cada molino quede con lo que le corresponde de acuerdo a lo que ha comprado en cosecha nacional“.

Con el acuerdo, los molinos que han adquirido mayor parte de la producción local, serán los que mayor cantidad del grano importado reciban.

Fredy Torres, presidente de los arroceros de Honduras, explicó que aunque los 12 mil toneladas fueron debidamente otorgadas, la importación se hizo al margen del convenio con los productores locales.

Estamos revisando las cifras, creemos que al final vamos a tener una posición, pero tenemos la anuencia de los molinos que han sido beneficiados“, dijo más temprano.

Agricultura y Ganadería sostuvo que el contingente de Puerto Cortés forma parte de las importaciones dentro del acuerdo CAFTA 2011 y que si forma parte de esta controversial importación, debe generarse un acuerdo de distribución interna de los molineros.

La llegada del grano se conoció ayer, pese a la oposición manifestada por el propio presidente Porfirio Lobo, que frenó la importación once días después su publicación en el diario oficial La Gaceta, el 29 de septiembre.

El Ministerio Público informó hoy que abrirá de oficio una investigación para determinar si la importación se realizó en el marco de la ley.