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Fuente: Nación

21/07/2014 – Los consumidores del país pagaron $1,7 millones en el 2013 para garantizar la sanidad del arroz importado, mediante exámenes de laboratorio, lo cual significa casi ¢11 por kilo que ingresa.

 

Se trata de un canon de $20 por cada tonelada métrica, el cual se debe pagar por la entrada al país de arroz de cualquier presentación (en granza, pilado u otros).

 

De aplicarse una fórmula simple y con el valor actual del dólar frente al colón, cada kilo de arroz importado bajaría en $0,02 o casi ¢11 si se elimina el canon.

 

Para el caso del arroz, rige mediante un decreto específico.

El ingreso que genera esa tasa sobre el arroz es variable, pues depende de las cantidades importada cada año.

 

En el periodo arrocero 2008-2009, por ejemplo, el país importó más arroz (138.878 toneladas), por lo cual el ingreso por el canon fue de $2,77 millones.

 

Esta tasa no pesa sobre el ingreso de otros productos agropecuarios. En esos otros casos, las entidades encargadas financian los controles sanitarios.

 

Alcances. Los objetivos del decreto fueron dos: financiar la toma de muestras, los exámenes de laboratorio y los análisis de calidad, por un lado, y fondear programas de mejoramiento de la producción arrocera nacional, por el otro.

 

De acuerdo con esas intenciones se dio la repartición del ingreso. Se destinaron $14 para el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) que realiza la recolección de las muestras en los embarques y $1 para la Universidad de Costa Rica, que ejecuta los análisis de laboratorio en el Centro de Investigación en Granos y Semillas (Cigras).

 

Además, $1,20 para el Consejo Nacional de Producción (CNP), que revisa la calidad.

 

El Instituto Nacional de Investigación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) recibe $1,20, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) $1,40 y la Oficina de Semillas $1,20.

 

Estos últimos tres obtienen ese dinero para realizar programas de mejoramiento de la producción de arroz, especialmente para promover la eficiencia.

 

Magda González, directora del SFE, reconoció que aunque no existiera del canon específico para arroz, esa entidad tendría que garantizar la sanidad del grano.

 

Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa), defendió el canon.