Fuente: El Financiero
10/04/2012
– La fijación del precio del arroz por parte del Estado y la discusión sobre los subsidios a los productores del grano, llevaron a la Junta Directiva de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) a dar un golpe de timón. El conjunto de industriales arroceros decidió reducir a un 60% la producción nacional y dejar el 40% del mercado al arroz importado.

Si los arroceros hubieran aplicado esa política en la última cosecha (2010-2011) se hubiera reducido de 290.000 a 174.000 toneladas métricas de granza seca y limpia.

La medida tiene su génesis en los últimos conflictos entre los arroceros y el Estado, los cuales han llegado a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que acusa al país de otorgar hasta un 700% más en subsidios al sector agrícola de lo que ha había acordado en su seno.

Sembrar menos, recibir menos

Óscar Campos, miembro de Conarroz, explicó que con la medida de disminuir la producción nacional casi a la mitad –acordada la semana antepasada– el sector pretende reducir la cantidad de quintales del grano cuyo precio está regulado, para así desinflar los montos por reconocimiento de costos de producción.

El dirigente arrocero agregó que el segundo paso que decidió dar Conarroz es la implementación de un mecanismo de certificados de compra entre la industria y el productor.

Tal medida se empezó a aplicar la semana pasada en la zona sur, donde se reducirá la siembra del grano. Conarroz estima que tras el reacomodo en la producción desaparecerán al menos 100 agricultores, para fijar en 1.380 la cantidad de arroceros en el país.

Vamos hacia una transición, para que el Gobierno, tarde o temprano, no tenga que fijar el precio y que este sea una negociación entre las cooperativas y los productores, con el árbitrio estatal. Eso tardará un año o más en ser una realidad”, sostuvo.

En los últimos dos años, el área cultivada de arroz disminuyó ante la dificultad de los agricultores para ubicar su producción.

Sin embargo, lo contrario sucedió con la producción de arroz con granza, que ha aumentado de forma sostenida durante los últimos dos años.

Eventual reducción de precios

¿Cuál será el impacto de estas medidas en el consumidor? Según Campos, el precio al consumidor final se reducirá. Esto por cuanto se dará un balance en la mezcla entre la producción nacional y el arroz importado que será atractivo y competitivo para los comerciantes y el consumidor.

Nos permitirá mantener una banda de producción nacional que le dará al país cierto margen de autonomía en nuestras políticas para satisfacer la alta demanda de 54 kilos per cápita de arroz que se consumen anualmente”, subrayó.

Campos recalcó que la suerte de los precios del arroz ya está echada, gracias a los acuerdos que ratificó el país en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. El convenio estipula que el precio se liberará por la eliminación de los aranceles, a partir del próximo año iniciará el proceso de desgravación, en un plazo total de 15 años.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) se inventó que la OMC iba a venir a asustarnos, pero ya nuestro embajador ante ese organismo, Ronald Saborío, aclaró que el Estado no tomará ninguna decisión hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo resuelva el litigio por la fijación del precio del arroz vía decreto”, manifestó Campos.

¿Subsidio o costo?

El productor y dirigente rechazó de plano que los recursos estatales para los arroceros se traten de subsidios. Agustín Navarro, representante de los productores en la comisión de alto nivel que nombró el Poder Ejecutivo, reforzó esa tesis y explicó que Comex califica de subsidios lo que ellos conciben como un reconocimiento por los costos de producción en que incurren los productores del grano más importante de la canasta básica costarricense.

Los productores tenemos un modelo de costos por abono, insumos, mano de obra, diesel , preparación y, hoy por hoy, nos cuesta ¢1.250.000 producir cada hectárea de arroz. Pero en 1994, el Gobierno fijó en $223 el precio de cada tonelada de arroz y, si usted transfiere ese precio a hoy, es completamente imposible subsistir en esas condiciones. Es ilógico llamarle subsidio al precio fijado tantos años atrás, frente a nuestros costos”, replicó Navarro.

El representante de los arroceros cree que la fijación de precios se justifica por los costos de los bienes y servicios, y de las obligaciones legales que deben enfrentar los arroceros para sacar su cosecha.

Empero, el viceministro de Comercio Exterior, Fernando Ocampo, insiste en que desde el 2007 Costa Rica infringe el monto anual de $15,9 millones que acordó destinar para políticas distorsionantes del comercio, como son los subsidios al sector agrícola. Ocampo dijo que, según datos de Conarroz, el monto de los subsidios entregados al sector en el 2011 sobrepasará los $100 millones, tal como sucedió en el 2010.

El no haber notificado a la OMC sobre los montos destinados a los subsidios hubiera implicado una falta grave en la que ningún gobierno serio incurriría. La primera notificación de incumplimiento se hizo en el gobierno anterior y la actual administración se ha interesado en atender la problemática”, afirmó el jerarca.

Una resolución muy cara

Ocampo agregó que las eventuales consecuencias de mantener el nivel de subsidios para los arroceros serían que otros sectores productivos nacionales se quejarían porque el Gobierno no les destina una parte de los $15,9 millones permitidos, y la posibilidad de que países que se sienten afectados establezcan un procedimiento de solución de controversias.

Eso lo hemos tratado de evitar, pero cada vez que el tema se toca, genera inconformidades. Lo único que cabe para el país es ponerse a derecho”, puntualizó Ocampo.

Para el funcionario de Comex, la fijación del precio no ha impedido que los consumidores nacionales paguen por el cuarto arroz más caro del mundo, con el consecuente impacto en sus billeteras.

EF remitió al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) la consulta sobre las consecuencias para los consumidores si se eliminara la ayuda estatal para los productores de arroz, no obstante, tanto la ministra Mayi Antillón, como el viceministro, Marvin Rodríguez, se encontraban fuera del país sin posibilidad de atender consultas.

Perjuicios

En el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ven la eliminación de la fijación del precio al productor como la mejor alternativa para acabar con la problemática que pone en entredicho el nombre comercial de Costa Rica en el exterior. Empero, la viceministra Tania López afirma que hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo no resuelva la acción de los arroceros, el Estado seguirá impedido de tomar decisiones.

“Un precio fijado al productor, muy por encima del precio internacional, propicia un incremento en el número de productores, el área sembrada y, consecuentemente, de la producción nacional, a la vez que significa que los consumidores se ven perjudicados”,agregó López.

Empero, no es una vía única. Navarro indicó que el sector arrocero tiene sobre la mesa una serie de soluciones alternas que no pasan por la eliminación del reconomiento de costos de producción por parte del Estado.

“Hemos tratado de gestar acuerdos a nivel de organizaciones, como la reducción de área cultivada, mediante un concepto de competitividad del sector arrocero que también impactará a los industriales”, agregó.

Y mientras el Gobierno espera que se cocine una solución en los tribunales, los productores ya preparan su propia receta. Este arroz todavía no se cocina.

Cosecha de peleas

2011, mayo: Treinta y siete países exigieron a Costa Rica, en el seno de la OMC, que elimine los subsidios a la producción arrocera.

2011, junio: El arroz registró una cosecha histórica, al ser la más alta de los últimos 10 años. No obstante, el hecho desató conflictos pues Conarroz no aceptó en principio comprar toda la cosecha a los productores.

2012, enero: Los arroceros decidieron bloquear las calles cercanas a Casa Presidencial en busca de una respuesta a sus exigencias ante las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Presidencia de la República.

2012, marzo: El embajador costarricense ante la OMC, Rónald Saborío, informó que el país no tomaría ninguna decisión hasta que se resuelva en tribunales el juicio planteado por los arroceros contra el Gobierno.